La Asociación se ha dirigido al Instituto Aragonés del Agua para que asuma la diferencia entre las subvenciones concedidas para la construcción de las EDAR y el coste final de las obras debido al incremento de precio de los materiales por el IPC.

El pasado mes de enero, ADELPA remitió un escrito al director del IAA, en el que recordaba que, en la reunión mantenida a comienzos de año con miembros de la Comisión Permanente, se le expuso el problema con el que se han encontrado muchos de los ayuntamientos a los que les fue concedida una subvención, entre 2019 y 2022  para la construcción de su EDAR , y que no es otro que el de no poder asumir los sobrecostes como consecuencia de la aplicación del IPC a los precios de los materiales por parte de las empresas adjudicatarias.

La respuesta del Instituto Aragonés del Agua fue que, aunque son conscientes de “los efectos que dicho problema plantea a los municipios carecen de cobertura legal para buscar una fórmula que de solución a la citada cuestión”. 

ADELPA ha vuelto a remitir esta semana una carta al IAA porque consideran que los Ayuntamientos no son quienes han generado esta situación y porque no pueden asumir esos sobrecostes. Alguno de ellos ha tenido que renunciar a la subvención concedida, añaden desde la Asociación. 

La entidad habla de “agravio comparativo” porque el Gobierno de Aragón, indican, sí que asume los sobrecostes de las depuradoras que ejecuta el IAA, que son, por otro lado, las de los municipios de mayor tamaño, mientras los Ayuntamientos que construyen, directamente, su estación depuradora, que en su mayoría son los que cuentan con menos medios económicos, no pueden hacer frente a esos costes derivados de la actualización del precio de los materiales. 

En la carta ADELPA hace referencia al Real Decreto-Ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas para la mejora de la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera y del funcionamiento de la cadena logística y, concretamente, al artículo 6 que se refiere a casos susceptibles de revisión excepcional de precios en los contratos de obras, para solicitar al IAA que “este tipo de proyectos contemplen esa excepcionalidad y se adapten los presupuestos a la situación real”, porque lo correcto, añade la presidenta Begoña Dorado, sería que “los sobrecostes de las depuradoras financiadas por el GA a través de subvenciones sean también asumidos por el propio ejecutivo autonómico o que se genere una nueva línea de ayudas para que los ayuntamientos puedan financiar ese incremento”. 

Uno de los más afectados por esta circunstancia es el Ayuntamiento de Sahún, ya que se encuentra con el problema de sobrecostes en la depuradora de Sahún y en la de Eriste, y tiene al lado el agravio comparativo de la construcción de la depuradora de Benasque que ha construido el IAA  asumiendo el incremento de precios.
    
Otros afectados: Aratorés (Castiello de Jaca), Artieda, núcleos de Sabiñánigo (Sabiñánigo Alto, Sardas y Cartirana), núcleos de Aínsa (Banastón, Guaso, Arro y Latorrecilla), Javierre de Bielsa, El Pueyo de Araguás, Bonansa, Liri (Castejón de Sos), Chía, núcleos de Seira (Barbaruens y Seira), Villanova, Egea (Valle de Lierp)