La Asociación ha celebrado, este sábado 16 de noviembre, en Aínsa, su Asamblea anual en la que uno de los puntos destacados ha sido abordar la problemática a la que se enfrentan los Ayuntamientos de las zonas rurales derivada de la instalación de parques fotovoltaicos y almacenes de baterías de los proyectos de instalación de energías renovables
Es imprescindible, ha señalado Begoña Dorado, presidenta de ADELPA, una mayor participación de las entidades locales afectadas en los procesos de tramitación y reevaluar los beneficios tanto económicos como sociales que se derivan de las citadas infraestructuras.
Se ha acordado solicitar al Gobierno de Aragón una Ley del Paisaje, como ya existen en otras comunidades autónomas, ante la proliferación de este tipo de instalaciones en suelo no urbanizable y sin planificación previa, la elaboración de un nuevo Plan Energético que actualice el anterior que caducó en 2020 y de un documento de Ordenación Territorial en el que se definan los territorios que deben quedar exentos por su valor natural, ecológico, paisajístico o cultural, que se cumpla la normativa urbanística de los municipios, o en cualquiera de los casos, que sea la entidad la que decida dónde y cómo implantar este tipo de proyectos y que cuenten con un estudio de impacto ambiental ordinario, no simplificado.
En el transcurso de la Asamblea, los alcaldes y representantes de Villanova, Abizanda y La Fueva, municipios en los que hay empresas que han presentado proyectos de este tipo, concretamente de almacenaje de baterías, han puesto de manifiesto que la transición energética hacia un modelo basado en energías renovables es esencial pero que se deben revisar los procesos tanto de tramitación como de desarrollo para evitar que se generen problemas medio ambientales, sociales y económicos en las zonas que acogen estos proyectos como son la ocupación de tierras agrícolas y, por tanto, la reducción de las actividades tradicionales, el impacto ambiental y paisajístico o el riesgo de contaminación y la falta de infraestructuras para gestionar los residuos, entre otros.
ADELPA ha propuesto una serie de medidas que sirvan para garantizar la contribución de estos proyectos al desarrollo sostenible de los pueblos y al bienestar de quienes los habitan. Entre otras, la participación en los beneficios económicos, si el municipio aprueba la compatibilidad del proyecto, la promoción de la titularidad y la gestión local, la protección del paisaje y la biodiversidad, el desarrollo del programa de empleo y formación local o la planificación territorial y regulación adaptada.
También se ha acordado solicitar una reunión con la Secretaría de Estado de Energía y con las Consejerías de Medio Ambiente y de Industria del Gobierno de Aragón para tratar toda la problemática que supone para los pequeños municipios del Pirineo Aragonés la llegada de proyectos de energías renovables.