La postura adoptada por ADELPA a través de su Comisión Ejecutiva en cuanto al Plan Hidrológico Nacional, sería la siguiente.

El borrador del PHN no hace más que recoger las premisas que ya estableció en su día el Libro Blanco del Agua, que el Ministerio de Medio Ambiente dio a conocer a lo largo del año 1999, y que al parecer no ha modificado ninguna de estas premisas pese a las numerosas alegaciones y propuestas presentadas desde entidades de toda España, y entre otras, desde ADELPA; y ello aunque teóricamente la vocación de este Libro Blanco del Agua era recoger todos los puntos de vista con el fin de iniciar el necesario debate y consenso social sobre la cuestión hidráulica que debería haber precedido a la redacción del borrador del PHN, un debate social que por desgracia no ha tenido oportunidad de desarrollarse.

El Libro Blanco del Agua recogía la realidad de la existencia de una España poblada y próspera (esencialmente el arco mediterráneo) y una España despoblada y deprimida (la España interior, y especialmente Aragón). Y a partir de estos datos sacaba la conclusión de que la demanda de agua es mayor en la España poblada, y que esta población y esta demanda irán aumentando con los años en detrimento del territorio más despoblado, cuya situación de despoblación y pobreza se agravará.

En este punto, en lugar de dar soluciones para evitar esta poco deseable previsión, el Libro Blanco la justifica con la explicación de que el agua ha perdido su papel vertebrador del territorio, y la planificación hidrológica futura deberá ir encaminada a prever y atender la demanda tal y como se presenta con los datos existentes. Por tanto las soluciones de futuro que propone el Libro Blanco pasan por paliar el desequilibrio hidrográfico, acentuando por otra parte el territorial y poblacional, soluciones que evidentemente ha adoptado el PHN, en lugar de dar oídos a las propuestas presentadas por entidades como ADELPA, defendiendo el papel vertebrador del agua para el territorio, y pidiendo una auténtica planificación hidrológica que esté en consonancia con la planificación territorial, que debería tender a paliar los desequilibrios territoriales existentes y no a fomentarlos.

Por otra parte, estos desequilibrios territoriales no sólo se dan entre unas Comunidades Autónomas y otras, sino entre distintas zonas dentro de una misma Comunidad Autónoma, como es el caso de la montaña y el llano en la Comunidad Autónoma de Aragón. A la zona del Pirineo de Aragón ya se le ha pedido a lo largo del último siglo el sacrificio de buena parte de su desarrollo económico y demográfico, a través de la pérdida de territorio y población para permitir la construcción de grandes obras de regulación hidráulica que han servido para desarrollar otras zonas de Aragón (sacrificio que el PHN impone ahora a todo Aragón, en favor de las Comunidades del arco mediterráneo).

Y todo ello con una circunstancia agravante en el caso de ese desequilibrio interior del que ha sido víctima el Pirineo aragonés, y es la desidia de la que ha sido objeto esta zona de montaña en cuanto a cualquier tipo de inversión tendente a corregir o compensar ese sacrificio y esa solidaridad prestada (que el PHN solicita ahora del resto de Aragón). El Libro Blanco del Agua y posteriormente el PHN, hubieran podido significar, como se ha solicitado desde ADELPA, la oportunidad para recoger conceptos como el de ?afectados? por las obras de regulación hidráulica y su condición de agentes sociales que de día en día van aumentando su protagonismo dentro de la comunidad de política hidráulica.

ADELPA considera que el concepto, la existencia y la postura de estos afectados, debe tenerse en consideración a la hora de elaborar cualquier documento de planificación hidrológica futura, y que en cuanto a la situación anterior, habrá de ser reconocida , cuantificada y compensada la deuda histórica existente para con los territorios que han soportado las grandes obras de regulación sin haber obtenido a fecha de hoy la menor inversión que haya servido para evitar o paliar los graves procesos de despoblación y empobrecimiento a que se han visto sometidos y el consiguiente desequilibrio territorial.

En otro orden de cosas, el Libro Blanco del Agua contempla la dimensión medioambiental del agua, considerándola un recurso natural, pero reconoce asimismo su valor económico, puesto que el agua forma parte de la función de producción de casi todas las actividades económicas.

En base a ello, el Libro Blanco dice que existe ?la absoluta necesidad de introducir criterios de racionalidad económica para la adecuada gestión y preservación de los recursos naturales y, de modo muy particular, del agua?. Ello no hace sino confirmar una reivindicación que ADELPA sostiene desde su fundación, y que consiste en que el valor económico reconocido al agua sirva para corregir los desequilibrios territoriales existentes en la actualidad.

Con estas premisas ADELPA defendió durante la tramitación del PHN, el reconocimiento del concepto de zona cedente, para las zonas de montaña, puesto que lo que se hace con las grandes piezas de regulación en dichas zonas de montaña es ni más ni menos que trasvasar el recurso que almacenan a otro lugar, aunque éste se encuentre dentro de la misma Comunidad Autónoma y de la misma cuenca.

Sobre esta premisa, deben adoptarse las medidas económicas correspondientes con el propósito de compensar económicamente a las zonas cedentes que ya existen dentro de cada cuenca, compensación económica que viene justificada por la necesidad de paliar los desequilibrios territoriales existentes y que se han visto incrementados durante décadas por la existencia de esos trasvases dentro de las propias cuencas, sin que haya existido compensación alguna para las zonas cedentes.

Otro aspecto de la política hidráulica que esta Asociación reivindicaba como contenido para el PHN, es el de la modificación en la composición de los órganos de gobierno y planificación de las Confederaciones Hidrográficas.

El Libro Blanco del Agua, como precedente al PHN, reconoce que la Administración hidráulica necesita adaptarse a los nuevos planteamientos e introducir modificaciones en algunos Organismos, entre otros, en las Confederaciones Hidrográficas. Sin embargo, las modificaciones propuestas por el Libro Blanco resultan insuficientes, puesto que la normativa hidráulica debería contemplar la participación de representantes de los territorios afectados por obras de regulación hidráulica, en los Organismos de Cuenca. Específicamente desde ADELPA se propugna la representación directa de los Entes Locales afectados, en las Juntas de Gobierno de las Confederaciones Hidrográficas, así como en las Juntas de Explotación y en las Comisiones de Desembalse y de Planificación.

Y por último, un asunto clave desde el punto de vista de ADELPA en cuanto al contenido del Plan Hidrológico Nacional, era el de los caudales ecológicos, o lo que es lo mismo, los caudales que permiten mantener un hábitat fluvial con la capacidad suficiente para sostener la vida del medio acuático y de la ribera. Acerca de esta cuestión existe un gran desconocimiento científico sobre los requerimientos de muchas especies ibéricas, de las que se ignoran incluso datos cuantitativos.

Pese a este desconocimiento de base, los diversos Planes Hidrológicos de Cuenca se aventuran a fijar unos caudales mínimos, que ni son uniformes, puesto que apenas coincide ningún Plan y alguno como el del Duero ni tan siquiera los recoge, ni ofrecen la menor garantía para el mantenimiento integral del hábitat fluvial.

Es por ello que ADELPA proponía como actuación prioritaria la realización de los estudios pertinentes para poder establecer de forma rigurosa los caudales ecológicos en cada cuenca, y que estos caudales ecológicos fueran recogidos por el Plan Hidrológico Nacional y aplicados de forma efectiva en cada cuenca.

Ninguno de estos planteamientos presentados por ADELPA, tanto al Libro Blanco del Agua como al Plan Hidrológico Nacional, fueron tomados en consideración y no se reconoce ni se refleja ninguna de las alegaciones presentadas por ADELPA a ninguno de los mencionados textos legales. En la Comisión Ejecutiva de ADELPA celebrada en septiembre del 2000, se adoptó el acuerdo de solicitar la retirada del anteproyecto de Ley del Plan Hidrológico Nacional, en tanto en cuanto no recoge ninguna de estas reivindicaciones, y la elaboración de un nuevo texto que las contemple, así como la reforma del actual texto de la Ley de Aguas.

Desde la presentación del PHN se han sucedido las manifestaciones contra este plan y contra el macrotrasvase. La lucha contra dicho trasvase ha unido a diferentes poblaciones de la cuenca, pero también a organizaciones ecologistas y sociales, a partidos políticos y a agentes económicos.

Cuando en julio de 2001 la Ley del PHN fue publicada se abrieron todas las vías posibles para mostrar la oposición de Aragón a este plan y al trasvase. El Gobierno aragonés, así como las Cortes de Aragón, presentaron un recurso ante el Tribunal Constitucional. La DGA, además, hizo llegar una queja ante la Comisión Europea, argumentando que la cesión de caudales es contraria a las directivas comunitarias. Partidos y organizaciones recurrieron igualmente a Europa.

Mientras esto sucedía la maquinaria del trasvase siguió funcionando al tiempo que crecía la protesta contra el Plan Hidrológico Nacional. En la actualidad, y después de las elecciones generales de marzo de 2004, se ha derogado el trasvase del Ebro. En reunión del Consejo de Ministros celebrada el 18 de junio de 2004, el Gobierno suprimió por Real Decreto nueve de los artículos del PHN. Después de esto, el plan alternativo consiste en 103 actuaciones muy diversas que incluyen la reutilización de agua depurada, el ahorro, la mejora de las conducciones y la desalinización.